La semana pasada, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, le asestó un nuevo golpe al mega-proyecto inmobiliario de la empresa IRSA y el gobierno porteño denominado “Ciudad Palmera”. El gran comp lejo de shopping y 10 torres había sido primero frenado por una cautelar de primera instancia del Juez Darío Reynoso, que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, de forma insólita, fue el propio gobierno de Horacio Rodriguez Larreta quien hizo una apelación ante el máximo tribunal de la ciudad, el Tribunal Superior de Justicia, planteando que la cautelar era inconstitucional, que la justicia se arrogaba funciones propias del poder ejecutivo, que revestía “gravedad institucional” y generaba un “daño irreparable”. Ante el reclamo, la Cámara rechazó el recurso de manera categórica, dejando firme la cautelar a espera de la decisión definitiva en los meses (¿años?) que vendrán sobre el impacto ambiental del proyecto, las supuestas irregularidades en la tramitación de los permisos de obra, la violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y la necesidad de llevar adelante una audiencia pública antes de construir.
Repasemos: se trata de un lote de tierras perteneciente al ex-Playa de Cargas del Ferrocarril Sarmiento que hace décadas el Estado nacional cedió a Ferro Carril Oeste para llevar adelante distintas actividades deportivas, que lxs socios y socias pagaron como “cuota-tierra” durante años, sin completar el monto total adeudado. A fines de los 90s, en una muy cuestionada asamblea y previo a la quiebra de la institución, se vendieron las tierras a la empresa IRSA por una suma de 3 millones de dólares que jamás se probó que hayan entrado a las arcas del club. Entre 2008 y 2016, primero Mauricio Macri y luego Rodriguez Larreta impulsaron la rezonificación del terreno para la creación del “shopping más grande de América Latina”.
Año tras año el ejecutivo enviaba el proyecto a la Legislatura porteña, y año tras año la organización y la movilización barrial de vecinos y vecinas de Caballito lograba frenar su aprobación. Incluso en algunas ocasiones teniendo suficientes votos para sacar la ley, el oficialismo desistió una y otra vez ante el generalizado rechazo del barrio, que protestó sobre Avellaneda, en la emblemática esquina de Acoyte y Rivadavia, y en la propia Legislatura una y otra vez. Se juntaron decenas de miles de firmas solicitando que los terrenos sean recuperados por el Estado para construir un gran parque público.
En 2018 IRSA y Larreta cambian de estrategia. Abandonan la búsqueda de rezonificación para el shopping e inventan un nuevo proyecto inmobiliario: la Ciudad Palmera. Sin necesidad de cambiar el código urbanístico específico, se hacen planos y estudios para realizar un complejo de diez torres, mil viviendas, cocheras y un “paseo comercial” a cielo abierto que tendría las mismas dimensiones que el otrora sepultado shopping. En marzo de 2020, mientras comenzaba la cuarentena, IRSA anunció su gran obra y comenzó los preparativos. Pero no fue hasta el momento de mayor aislamiento de la pandemia, a principios de julio, cuando violando flagrantemente las normativas sanitarias, que comenzó el trabajo intenso de cavado de una mega fosa para las cocheras, generando daño irreparable en tierras posiblemente contaminadas por los años de desechos ferroviarios depositados en ese suelo.
Fue también en julio cuando un grupo de personas pertenecientes a las organizaciones vecinales que impulsan el parque y al Consejo Consultivo, junto con lxs miembros de la Junta Comunal N° 6 Agustina Quinteros y Osvaldo Balossi presentaron un amparo ante la Justicia porteña solicitando que se suspenda la obra. Alegaban que IRSA había realizado una maniobra fraudulenta, al subdividir el lote en cuatro parcelas, solicitando un Estudio de Impacto Ambiental para tan solo una de ellas, reduciendo en un cuarto todas las dimensiones del mega proyecto. De esta forma, y con la connivencia de las autoridades porteñas, se logró la autorización para la obra violando la normativa vigente, ocultando su relevante impacto ambiental, evitando una audiencia pública que marca la Constitución de la Ciudad para casos de esta envergadura, y evadiendo realizar mayores estudios antes de avanzar.
En agosto, el Juez de primera instancia Darío Reynoso consideró que había suficiente evidencia como para darle curso al amparo, ordenó una cautelar que frenara la obra y comenzó la investigación para dirimir si efectivamente se había violado la ley. El gobierno porteño, el fideicomiso Caballito Chico (propiedad de la constructora Portland S.A.) e IRSA apelaron la decisión ante una segunda instancia. En la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, primero la fiscal en su dictamen, y luego una mayoría de lxs jueces a inicios de octubre ratificaron la cautelar y rechazaron los argumentos a favor de la Ciudad Palmera, por encontrarlos insuficientes.
Fue entonces cuando, de forma descarada, el gobierno de Rodriguez Larreta apeló nuevamente, pero esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), aduciendo que la cautelar impuesta por el Juez Reynoso y ratificada por la Cámara era inconstitucional. Afirmó que la justicia se erigía “en legislador y administrador, sustituyendo con su decisión las funciones propias del poder ejecutivo en tanto es deber del Jefe de Gobierno disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público.” En otras palabras, según Larreta, el gobierno porteño puede autorizar obras ilegales y si el poder judicial investiga esas autorizaciones, está violando la división de poderes. ¿Quién controlaría entonces las decisiones del Ejecutivo? ¿Cómo se evitaría la corrupción de funcionarios públicos?
Este último 12 de noviembre, la Cámara rechazó el recurso de inconstitucionalidad con argumentos categóricos. Afirmó que, según dictan la Corte Suprema de la Nación y el propio TSJ, “el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa. En el caso, el recurso se dirige contra una decisión cautelar dictada en el curso del proceso. En consecuencia, lo resuelto no reúne la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional.” Más aún, argumentó que “la parte recurrente tampoco logró demostrar que lo decidido le ocasione un perjuicio irreparable que permita equipararlo a una decisión definitiva.” Si cualquier detalle, como una cautelar, puede elevarse ante el TSJ, entonces el tribunal superior no sería más que una tercera instancia de apelación, lo cual desvirtúa su verdadera función según la Constitución porteña y la Ley 402, que rige los procedimientos de la misma.
Luego, la Cámara se despacha categóricamente, al decirle al gobierno porteño que no puede equiparar su disconformidad con la sentencia con una “arbitrariedad”, ni quejarse de una supuesta “gravedad institucional”, dado que la cautelar dictada no excede el interés de las partes en juego. Por todo esto, la Cámara deniega la inconstitucionalidad interpuesta por el GCBA, con costas a la demandada.
¿Será este el fin de los cuestionamientos a la cautelar? ¿Le quedan a IRSA o a Larreta algún manotazo de ahogado más? Quizá podrían presentar una queja formal ante el TSJ, pero cada día que pasa y cada nueva foja del expediente inclinan la balanza en favor de la organización vecinal y en contra de los intereses inmobilarios del gobierno porteño y sus constructoras amigas. Ahora resta al Juez Reynoso sentarse con la causa y comenzar a trabajar en un fallo sobre el fondo de la cuestión. Mientras tanto, el barrio continuará reclamando que las tierras ferroviarias se recuperen de la voracidad especulativa y se conviertan en un gran parque público.
Leé toda la documentación de la causa contra “Ciudad Palmera”
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