El patio de juegos de plaza Irlanda nuevamente se encuentra cerrado por una obra que viola la legislación vigente. Tal como ocurrió en 2016 y 2018, el gobierno de la Ciudad les cede a empresas privadas el mantenimiento de los espacios verdes. Una movida más de la gestión de Larreta a favor de la mercantilización de lo público.
Cierre del patio de juegos sin cartel de obra
En los últimos días pudimos apreciar que se encuentra cerrado el patio de juegos de plaza Irlanda con motivo de una obra sorpresiva. El sector infantil, que estaba en buenas condiciones y que había sido arreglado en 2016 y 2018, se encuentra cerrado al público y sin el cartel de obra reglamentario que debería tener. En su lugar, simplemente fueron colocadas lonas amarillas que cumplen una función propagandística.
Las obras —públicas o privadas— deben exhibir un cartel correspondiente que, según la legislación de la ciudad, debe contar con el número de licitación con que se adjudicó, el nombre de la empresa contratista, el plazo de ejecución de la obra, el monto total y el representante técnico con su correspondiente número de matrícula. Nada de eso ocurre con esta obra, que simplemente tiene un cartel de publicidad del GCBA e incumple con la propia normativa que el gobierno debiera cumplir y hacer cumplir.
Las obras anteriores en la plaza
En el invierno del 2016 todo el perímetro de la plaza amaneció cerrado y sin ninguna señalética que indicara qué sucedía. Solo unas lonas sobre las rejas con el nombre de Casa Macchi S.A —la empresa adjudicataria para el mantenimiento diario de la plaza, pero no para hacer obras— permitían deducir de qué se trataba. Conforme los meses pasaban y el sol se hacía más vertical, la necesidad de esparcimiento, recreación y espacio público de los vecinos irrumpió en la plaza para reclamar su apertura. En un abrazo simbólico se manifestó y se pidió por la reapertura. Días después la plaza volvió a abrir sus rejas, aunque con signos de obra inconclusas evidentes, sobre todo en el sistema de riego. En el 2018 fue, al igual que ahora, el patio de juegos para niños al que se cerró para su refacción. En aquel caso sí estaba presente el cartel de obra, aunque la empresa adjudicataria resultó ser bastante exótica.
Se trataba de la firma Pemac Construcciones S.R.L., una empresa que no se dedicaba a reparar juegos de plazas, sino que tenía como actividad principal la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, según señala la propia auto descripción que se encuentra en la Web, donde se puede ver que los trabajos realizados son, casi en su totalidad, obras públicas de la ciudad de Buenos Aires. Lo más curioso es que, según lo publicado por la revista QUÉ, “recibió en 2017 una contratación directa por $1.188.389,88 para realizar servicio de cambio de sustratos en los recintos de las ovejas de Somalia, llamas y vicuñas, bisontes, tapires, cebras, jirafas y avestruces en el Ecoparque Interactivo”, algo mucho más alejado aún de la construcción y remodelación de edificios residenciales. Tal vez —como ya mostró Revista6 en aquel momento—, sea parte de la devolución de favores del partido de gobierno para con una empresa que aportó $400.000 a la campaña de Rodríguez Larreta en 2015, según figura en los estados contables presentados por el PRO ante la Cámara Nacional Electoral.
Las plazas como un pozo de petróleo
Lo que no deja de sorprender es que el GCBA y la Comuna 6 desembolsen dinero en obras que no parecen ser necesarias. Pero en la historicidad de estas tres en plaza Irlanda parece quedar de manifiesto que no es el GCBA el que administra el espacio público —algo que se percibe en la indumentaria de los trabajadores a cargo del mantenimiento diario o en el uso privado por parte de la empresa de los baños públicos subterráneos que se encuentran cerrados a los vecinos sobre Av. Gaona—, sino que es la empresa privada Casa Machi S.A. quien asume la función que la ciudadanía le otorgó al GCBA y a la Junta Comunal.
El GCBA les otorgó a distintas empresas privadas el mantenimiento de los espacios públicos. En el caso de nuestro barrio, todas las plazas y parques —por un criterio geográfico— recaen sobre la misma empresa. Contrariamente a la idea que cualquier vecino puede tener en la que los servidores públicos (que emergen de la ciudadanía y del propio barrio —en el caso de la Comuna—) son los que deciden el “cuándo” y “porqué” de cada obra para luego gestionar su realización y su fiscalización, no es la forma en que en realidad sucede.
El espíritu del artículo 22 de la Constitución Nacional en el que “el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes y autoridades” ha sido burlado en nuestra ciudad, donde son las empresas privadas de obras públicas las que gobiernan los espacios verdes sin ninguna relación con los ciudadanos. Y si el gobierno de la Ciudad no respeta el espíritu de la Constitución Nacional, tampoco lo hace con la Ley de Comunas, si bien algunos funcionarios realizan la puesta en escena de una escucha hacia los vecinos en las reuniones a las que convoca en horario imposible para cualquier persona de trabajo. Debería ser en el marco de la interacción entre la Junta Comunal y su órgano “consultivo” (el Consejo Consultivo Comunal integrado por vecinos) donde resolver lo atinente al Artículo 10 b de la Ley 1777: “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de Presupuesto”.
El GCBA decidió no controlar a los privados a los que les asignó áreas de la ciudad para que las gestionen sin el aporte enriquecedor de los vecinos que son los que, en definitiva, financian las obras con sus impuestos. De esta forma, las empresas privadas que año a año prolongan sus adjudicaciones sin el conocimiento vecinal utilizan el espacio público como un pozo de petróleo del cual extraer ingresos sin el menor control del propio Estado, que esconde esta situación ante los vecinos jugando en favor de los privados.
Es en el marco de una obra tan sencilla como puede ser el patio de juegos de plaza Irlanda donde se desnuda una operatoria que se replica en toda la ciudad. Los representantes de la ciudadanía funcionan como una cortina para que algunas empresas privadas, sin someterse a la competencia lógica de las licitaciones transparentes que pujan por un mejor servicio y menor precio, puedan gobernar y facturar sobre el espacio común.
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