En la última semana, con dos notas en Clarín e Infobae que parecían más publicidades encubiertas que artículos periodísticos, la inmobiliaria Lepore Propiedades anunció la oferta de inversión de pozo para quienes quieran comprar una unidad de vivienda en el emprendimiento “Ciudad Palmera” en la zona de Caballito Norte. La descripción es muy elogiosa: en un contexto donde escasean las posibilidades de compra de inmuebles con financiamiento, la propia empresa ofrece montos accesibles y flexibilidad para que la gente pueda acceder a esta oportunidad.
Planes de pago a 22 años, anticipos bajos (USD 22.000 para entrar a un departamento de dos ambientes), cuotas mensuales y consecutivas, entrega en noviembre de 2021. Amenities como pileta, solarium, gimnasio y terrazas con parrillas, cocheras, y un amplio espacio para locales, con un modelo de centro comercial a cielo abierto con negocios de indumentaria y gastronomía y espacios verdes y de juegos. 10 torres de 10 pisos cada una, aproximadamente 1.000 unidades. Hasta aquí, todo parece soñado, deseable. Pero hay gato encerrado.
Lo que Lepore no cuenta en sus publinotas de Clarín e Infobae es que el emprendimiento en cuestión se proyecta sobre una superficie en conflicto, con procesos judiciales y legislativos abiertos. Se trata de los terrenos ferroviarios de la Av. Avellaneda, entre el club Ferro Carril Oeste y la Comisaría Comunal 6. Estos mismos son los que la megaempresa IRSA adquirió de forma fraudulenta en 1999 al comprárselos a quien no podía venderlos (Ferro) dado que eran propiedad del Estado nacional, y que para desprenderse de un inmueble, se requiere de una ley del Congreso nacional. Pero hay más: esas mismas tierras han sido sujetas a numerosos proyectos de ley de expropiación en la Legislatura porteña por parte de diversos bloques, bajo el argumento que deben utilizarse para la creación de un gran parque público, en conjunto con el resto de la playa ferroviaria que va desde Yerbal hasta Avellaneda, entre Fragata Sarmiento y Donato Álvarez.
Quienes de buena fe accedan a esta propuesta de Lepore, deberían ser informados de los riesgos que implica un proyecto en tierras fiscales adquiridas de forma ilegal. Durante una década, IRSA pretendió construir en esas tierras un enorme shopping, y a pesar de contar con el aval de los gobiernos de Macri primero y Larreta después, tuvo que desistir por la resistencia vecinal a dicho emprendimiento. Grupos como SOS Caballito, el Encuentro en Defensa del Espacio Público o el mismo Consejo Consultivo de la Comuna, repetidas veces se movilizaron en el barrio contra un proyecto que suponen tendrá durísimas consecuencias para el comercio minorista, el medioambiente, y la calidad de vida en la tranquila zona de Caballito Norte.
Lo más sospechoso y preocupante del caso fue la fecha en que se publicaron las notas. Justo un día antes, el miércoles 8 de julio, un grupo de caballitenses realizó una presentación judicial en la Ciudad de Buenos Aires solicitando la nulidad del permiso de obra y de los planos aprobados por el gobierno porteño para el emprendimiento de las palmeras. El amparo, firmado por lxs comunerxs del Frente de Todos Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros, miembrxs del Consejo Consultivo Comunal y de la asociación SOS Caballito plantean que la obra no cuenta con un certificado de aptitud ambiental válido, ni tampoco cuenta con la factibilidad de los servicios de luz, gas, agua y cloacas. Además la obra se está realizando en un terreno potencialmente contaminado con metales pesados derivados no solo de la actividad ferroviaria, sino también del depósito de automóviles, contenedores de telas, y otras actividades. Según consignan, el estudio de arquitectura a cargo de la obra, Dujovne-Hirsch (del cual es titular el padre del ex-Ministro de Hacienda y panelista televisivo, Nicolás Dujovne) presentó una división de la parcela total en cuatro proyectos distintos, buscando reducir las dimensiones en cada una de las presentaciones. En efecto, se solicitó certificado de aptitud ambiental para sólo una de las cuatro parcelas.
Lepore, IRSA, el Grupo Portland y el Estudio Dujovne-Hirsch, todos forman parte de la estafa. Pero, ¿cuál es el objetivo? Sencillo: poner vecinxs contra vecinxs, embarcar a familias e inversores desprevenidxs en un conflicto que genera polémica en el barrio y cuya resolución está abierta. ¿Saben quienes reservan un departamento acerca de los riesgos que implica construir sobre terrenos contaminados? ¿Sobre terrenos en disputa judicial? ¿Saben de los riesgos para la salud? ¿Saben sobre los pedidos de informes, los amparos, los proyectos de expropiación vigentes sobre esas tierras? ¿Sabrán quienes invierten que el mismísimo Presidente de la Nación Alberto Fernández se tomó una foto el año pasado apoyando la propuesta vecinal de que todo el predio ferroviario se transforme en un gran parque público? Lepore y sus socios venden pescado podrido, y el barrio lo sabe.
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