Son excepciones al Código Urbanístico de la Ciudad, sancionado. Luego de una audiencia pública con 300 oradores en contra, Larreta apura un paquete de negocios inmobiliarios en la Legislatura que incluye una megatorre en Diaz Velez al 5400 y otra en Campichuelo al 600.
Caballito vive en los últimos años una situación crítica. La saturación de los servicios públicos, los espacios verdes atestados de gente, y la construcción imparable de torres, demoliendo y pisoteando la fisonomía, el patrimonio y la identidad residencial de nuestro barrio. Esta semana se escribe otro capítulo con la aprobación de dos “convenios urbanísticos” en la Legislatura Porteña, que habilitará a dos empresas constructoras (Livnot SA y PMJ Fiduciaria S.A.S.) la construcción de dos torres que exceden los máximos permitidos por el Código Urbanístico. En la calle Campichuelo al 600 (entre Jauretche y Diaz Velez) se permite aumentar la altura de 30 metros a 47, y en la Av. Diaz Velez al 5400 aumenta de 29,8 metros a 53,6 metros. Hay otros 9 convenios que se tratan en conjunto en distintos barios de CABA.
En teoría, las excepciones al código deben revestir algún interés público. Sin embargo, en el caso de estos once convenios, el valor será estrictamente monetario. Las empresas constructoras le pagarán sumas en dólares al gobierno porteño a cambio de las modificaciones en las alturas máximas. Según Larreta, ese dinero se utilizará para “revalorizar” el microcentro, que fue vaciado producto de la pandemia.
La torre de Campichuelo 644 , argumentan en el expediente, “tiene como objetivo, ampliar un centro médico de vanguardia en construcción, que se encuentra próximo a su inauguración como así también mejorar el equipamiento de salud”. En este caso, se pretenden recaudar alrededor de 3 millones de dólares. Será construida por la empresa PMJ Fiduciaria S.A.S.y pasa a altura máxima entre medianeras 13 metros y perímetro libre 34 metros, sienod actualmente su norma altura máxima edificios de perímetro libre 18 metros, altura máxima entre medianeras 12 metros.
La esquina de la Avenida Diaz Velez y Valentín Virasoro, donde se ubicaba la disco Siglo XX, se demolió el edificio y sus linderos. La empresa Livnot S.A. conseguirá, a cambio de un millón y medio de dólares, un permiso de perímetro libre de hasta 53,6, por encima de los 29 permitidos actualmente. Según el expediente se “propone el desarrollo de una combinación tipológica que aporta a la reconstrucción del tejido de la manzana fomentando la transitabilidad peatonal al incorporar en planta baja un paseo urbano semi-cubierto con comercios, lo que promueve la mixtura de usos y una nueva centralidad barrial”. En una zona ya sobredensificada, habrá más pisos, más comercios, más cocheras, más autos. Una de las esquinas más complicadas del barrio se volverá aun más dificil.
El 29 de enero último el comunero Osvaldo Balossi se hizo presente en el lugar por pedido de los vecinos de la calle Franklin que comparten medianera con el terreno en cuestión. Producto de la demolición del edificio que ocupaba aquella parcela la vivienda familiar contigua sufrió grietas que obligaron a desalojarla para que intervenga Defensa Civil ante el riesgo que esto implicaba. Finalmente los vecinos recibieron el permiso para rehabitar su hogar teniendo que tramitar todos los servicios que les habías sido dados de baja ante el riesgo de derrumbe.
Los días viernes 19 y martes 23 de noviembre se realizó una audiencia pública en la Legislatura Porteña. A pesar de las dificultades para inscribirse y participar, más de 300 ciudadanos y ciudadanas se expresaron en contra de los once convenios. Con diversos argumentos, vecinos y vecinas de Caballito, Almagro, Nuñez, San Telmo, Colegiales, expresaron el rechazo a la votación de estas torres. Solo una persona defendió parcialmente los proyectos. Se trató de Julián Angelucci, partidario de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que aunque sostuvo que era lícito y legítimo hacer estas modificaciones, reclamó que hubiera beneficios para los vecinos de las zonas afectadas, y que parte del dinero obtenido se utilizara en los barrios donde se habilitarán estas mega torres.
Proyectos de esta naturaleza, que modifican la normativa de construcción, requieren según la Constitución de CABA, una audiencia pública previa a la presentación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo; y luego una audiencia realizada por la misma Legislatura. El motivo es que la ciudadanía pueda expresarse, y quienes tienen que tomar decisiones puedan escuchar, tomar nota y hacer modificaciones al proyecto. La primera audiencia no sucedió.
Sorpresivamente, y tan solo 24horas de terminada la audiencia legislativa, el oficialismo de Rodriguez Larreta convoca una reunión en la Comisión de Planeamiento para aprobar estos once convenios, sumado a la polémica venta de Costa Salguero, contra la cual se juntaron más de 50.000 firmas durante el 2021. ¿Es posible que quienes van a votar estos convenios hayan podido procesar todo lo sucedido durante la audiencia? ¿Se puede vulnerar de forma tan flagrante los mecanismos de participación ciudadana?
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