El miércoles 9 de febrero por la tarde hubo una nueva protesta en el Cid Campeador en rechazo a la polémica obra de destrucción de una de las manos de Honorio Pueyrredón para hacer una “calle de convivencia” o “parque lineal”. Alrededor de 150 ciudadanes, activistas, militantes se congregaron con cartelería, percusión, banderas hechas a mano, aplausos, alguna que otra cacerola y una mesa para juntar firmas. A diferencia de las semanas anteriores, en el corte de calle se respiraba un aire de festejo y algarabía.
La noticia circuló un par de horas antes explotando los grupos de WhatsApp: el juez Victor Rodolfo Trionfetti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°15 de la Ciudad había firmado un documento otorgando la cautelar solicitada por la asociación vecinal SOS Caballito y frenando la obra que llevaba más dos semanas activa, habiendo producido ya una notoria destrucción de la avenida. A la mañana siguiente, la obra estaba frenada.
El fallo
En el fallo de 47 páginas, el juez Trionfetti ordena frenar la obra garantizando la seguridad vial y peatonal. A su vez, instruye a la Ciudad de Buenos Aires y a la Comuna N°6 (Caballito) a que convoquen una audiencia pública, publiquen toda la información y documentación sobre la obra para el acceso libre de la ciudadanía. También se comunica con la Legislatura porteña al considerar que debería sancionarse una ley para el cambio de uso del espacio público.
No es el primer fallo donde Trionfetti llama la atención del Gobierno de la Ciudad por sus falencias. A principio de la pandemia, en abril de 2020, cuando se hacían públicas imágenes y testimonios de los paupérrimos insumos de protección que Larreta otorgaba al personal de salud, el juez falló obligando a otorgar insumos adecuados. También ha sentenciado fuertemente contra la empresa de transporte Uber.
Es importante destacar que en su escrito, el magistrado no considera que haya aún suficientes elementos presentados como para suponer daño ambiental irreparable, un colapso del tránsito, o un desmedro evidente para la vida de les frentistas de Honorio Pueyrredón; aunque deja la puerta abierta a la nueva documentación que salga a la luz. Entonces, ¿con qué fundamentos determina la suspensión de la obra? El principal argumento es la falta de participación ciudadana y acceso a la información pública que garantizan la Constitución de la Ciudad, la Ley General de Ambiente de la Nación, y diversos tratados internacionales incluído el reciente Acuerdo de Escazú.
Al recibir el amparo, el Juzgado N°15 requirió al gobierno porteño presente toda la documentación correspondiente a la obra y en especial al supuesto proceso participativo desde el que se construyó la propuesta. El gobierno porteño aportó algunas filminas de reuniones por zoom, unas fotos de Rodriguez Larreta en una charla con vecines en la Plaza 24 de Septiembre, documentos que afirman que recorrieron la zona y conversaron con gente, y una reunión con ONGs. Sin embargo, a ojos del juez, estas instancias no solo fueron insuficientes, sino que no han sido debidamente documentadas; y más aun, la mayoría ocurrieron luego de que se declarara que la obra no tenía impacto ambiental, se hubiera anunciado por medios de comunicación y se hubiera iniciado el proceso de licitación. En palabras del propio juez:
Al contrario de lo afirmado por el GCBA y el Ministerio Público Fiscal, no se probó en lo más mínimo que haya existido un acceso a la información ambiental asequible, efectiva y oportuna. Por consiguiente, esas omisiones también determinan que no se garantizó realmente la participación ciudadana, pues la falta de información incide en esta última […] No se ha demostrado que el GCBA y la Comuna 6 hayan garantizado oportunidades para la participación efectiva, desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones, y que hayan informado debida y proactivamente a los vecinos sobre estas oportunidades de participación. Tampoco se cuenta con ningún elemento que indique qué observaciones, preguntas o cuestionamientos se han formulado en los supuestos encuentros virtuales o presenciales y qué respuestas se han emitido.
Según explica el fallo, el ambiente es un derecho colectivo. La llamada “tutela ambiental”, es decir el cuidado del ambiente, no puede resolverse unilateralmente por parte de un gobierno, sino que requiere la participación activa en cada paso del proceso. ¿Cómo puede determinarse que la obra no tiene impacto ambiental si no se ha escuchado la voz de vecinos y vecinas que viven sobre Honorio Pueyrredón? ¿Cómo puede descalificarse el impacto en la calidad de vida de quienes viven sobre Hidalgo, sobre Rojas, sobre Acoyte, si no se permitió que esas voces se expresen? Sin acceso a la información, sin involucramiento de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, el juez entiende que se ha avasallado el principio de democracia participativa sobre el cual se funda la Ciudad de Buenos Aires, y se han incumplido compromisos tanto a nivel nacional como internacionales.
Trionfetti hace especial énfasis en el llamado Acuerdo de Escazú, cuyo nombre completo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El mismo fue ratificado por el Congreso Nacional en el año 202o, con un recordado discurso de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados vinculado a la importancia de la militancia ambiental y la necesidad de la construcción política para hacer realidad nuevos derechos. Escazú es una de las principales herramientas ambientales del continente latinoamericano y tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. En particular, el artículo 7 del acuerdo, al que hace referencia el fallo, plantea que los Estados parte adoptarán “medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones”. El acuerdo puede leerse completo acá.
Siguiendo el razonamiento de Escazú, podemos preguntarnos si el enorme rechazo vecinal que ha suscitado una obra que supuestamente pretende aumentar la cantidad de espacios verdes一en un barrio que los reclama históricamente一 no podría haberse evitado de haberse cumplido los mecanismos de participación ciudadana en las “etapas iniciales del proceso de toma de decisiones”. Si les vecines del barrio no se hubieran enterado de un proyecto a libro cerrado por los grandes medios, si hubieran sido escuchados al principio, sin necesidad de hacer cortes de calles y asambleas, el conflicto podría haberse evitado. Quizá el gobierno porteño y la Comuna hubieran escuchado las preocupaciones sobre el colapso del tránsito y la contaminación sonora, la necesidad de tener espacios verdes de calidad y no cemento con macetones, el reclamo por un gran parque en el Playón Ferroviario de Caballito. Quizá de haber convocado al Consejo Consultivo, habría escuchado mejores destinos para los $500 millones que se pretenden gastar como el equipamiento y situación laboral en el Hospital Durand, la falta de vacantes escolares y la necesidad de más instituciones de educación inicial, el mejoramiento de los servicios públicos y del transporte.
El futuro
El fallo de Tronfetti es categórico: ordena que tanto el Poder Ejecutivo como la Junta Comunal de la Comuna 6 convoquen a Audiencia Pública Temática respecto del cambio de uso en dominio público y la cuestión ambiental. Es decir, debería organizarse en el corto plazo una gran audiencia pública presencial donde la ciudadanía del barrio de Caballito pueda expresarse de forma sustancial e institucional sobre la polémica obra. Para ello debe hacerse enorme publicidad pública para dar a conocer la audiencia y facilitar su inscripción. A su vez, deberá hacerse accesible de forma amplia y sencilla la totalidad de la documentación del proyecto, de modo que todes les vecines de Caballito puedan interiorizarse, formar opinión y manifestarla públicamente si así lo desean.
Por ahora, la obra está frenada y la pelota se encuentra en la cancha del gobierno porteño: Larreta tiene la posibilidad de cuestionar la decisión del juez ante una instancia superior. Según pudo reconstruir Revista6, esa decisión ya está tomada en el macrismo, y quizá este mismo lunes se avance en la apelación. El principal argumento que utilizarían es que el fallo se funda fuertemente en legislación nacional e internacional y no en las normas locales de la CABA. Como si la ciudad fuera un país aparte.
Por la parte de las organizaciones barriales que se oponen a la obra, el jueves se trató el tema en la asamblea mensual del Consejo Consultivo Comunal, realizado en el Club Oeste. Las asambleas y las manifestaciones continuarán. El próximo mitín será el miércoles 16 de febrero por la tarde: una asamblea en el Cid Campeador sin corte de calle para delinear próximos pasos, confiados en poder lograr una gran participación ciudadana en la Audiencia Pública ordenada por Trionfetti. En relación a este último punto, es bien sabido por el activismo barrial que las audiencias no son vinculantes. De hecho, en el verano 2020-2021 la audiencia por la venta de Costa Salguero batió todos los récords con más de 7000 inscriptos, con el 98% en contra del proyecto; y un año después, en diciembre pasado, el oficialismo porteño aprobó el proyecto en la Legislatura casi sin modificaciones. Sin embargo, el juez en su fallo deslizó una frase sugestiva: “oportunamente deberá adjuntarse a este juzgado el registro taquigráfico y el registro audiovisual” de la audiencia. ¿Podría un masivo rechazo ciudadano en una audiencia pública inclinar la balanza para que el juez sentencie en contra de la obra? Sería un hito en la historia democrática de la Ciudad de Buenos Aires, y un enorme acontecimiento en la lucha por los derechos ambientales.
Osvaldo Balossi, comunero del Frente de Todos en Caballito y participante activo de las protestas, afirmó a Revista6: “La decisión del juez es clara y contundente: Larreta va a tener que escuchar y tener en cuenta la voz del barrio. Aunque el gobierno porteño apele, desde nuestro lugar en la Junta Comunal junto con la movilización vecinal vamos a garantizar la realización de la audiencia publica, de manera clara y transparente. Asegurando que la voz del barrio se escuche y se respete. Será la primera audiencia pública organizada en una Comuna en la historia de la ciudad, un hecho historico y es gracias a la lucha vecinal.”
Una vez más lxs vecinxs de Caballito le ponen un freno a Larreta. Desp sostener la movilización y las asambleas x 3 meses, el poder judicial de CABA les dio la razón. Larreta tiene q parar la obra inconsulta y hacer una Audiencia Pública donde lxs vecinxs puedan dar su opinión! pic.twitter.com/bK1HKRwKUU
— Osvaldo Balossi (@Osvaldo_Balossi) February 10, 2022
Finalmente, también cabe preguntarse si la Legislatura Porteña se involucrará en el conflicto. En su fallo, el juez apunta un posible conflicto de poderes: según la ley de tránsito de la Ciudad, una “calle de convivencia” es aquella destinada preferentemente a la circulación peatonal, donde se admite la circulación restringida de vehículos. La posibilidad de transformar una vía de circulación de vehículos en una calle de convivencia requiere, según esta norma, la sanción de una ley específica. Trionfetti postula que este tema está fuera de su jurisdicción, que no puede ordenar que la Legislatura se ocupe. Sin embargo, afirma que librará oficios para poner en conocimiento a las siguientes Comisiones: Tránsito y Transporte; Descentralización y Participación Ciudadana, Protección y Uso del Espacio Público y Ambiente. Con estos oficios en mano, ¿se trasladará también el conflicto al parlamento porteño?
A esta altura, no queda claro cuál será la resolución final a este conflicto que mantiene en vilo a nuestro barrio. Sólo hay una certeza: será un largo recorrido. La lucha recién empieza…
Fotos de Jorge Luis Minturn
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